No te llevarás a mi hijo: Segunda parte

En el artículo pasado de esta serie se trató el tema de los aspectos de seguridad concernientes a los funcionarios del Departamento de la Familia, al momento de remover menores de sus hogares ante una sospecha de maltrato. En el presente artículo se tratará el tema de una de las características que posibilita el maltrato de menores y por lo tanto podría incidir en la cantidad de remociones que se realizan. Esta característica es la normalización del maltrato por parte de las familias.

El término normalización se define en este caso como aquello que resulta común para cierto grupo de personas. Por tanto, para fines de este artículo, la normalización del maltrato de menores significa que los padres o personas que maltratan a un menor ven esta acción como algo normal. Por lo que no lo consideran un crimen y hasta podrían creer que resulta de beneficio para éstos.

Rosas Defáz (2016) incluye a la normalización del maltrato como una de las características que poseen las familias de los niños maltratados. El porqué de este fenómeno puede explicarse tomando en consideración que las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, emocionales, conductuales y de la organización familiar, que en muchas ocasiones favorecen el mantenimiento del fenómeno de la violencia. Esto se ve ejemplificado especialmente en las creencias acerca de los roles que deben ser asumidos por cada uno de los miembros de la familia: Hombre (dominante), Mujeres y niños (sumisos). Además, por la normalización y justificación de la violencia en el interior de la familia, estrategia para solucionar problemas (Camacho Rojas, s.f).

No se normaliza únicamente el maltrato físico, que es el que en muchas ocasiones se asocia con la violencia, sino que se suelen normalizar otros tipos de maltrato. Ayala Joya, Cortes Rodríguez, Parra Rojas y Vasco Martínez (2016), indican que la violencia en el ámbito familiar constituye una problemática de tipo social, la cual se encuentra a su vez asociada a factores de tipo interpersonal, económico y cultural, y que durante décadas ha sido normalizada debido a que tanto el maltrato físico, como verbal o psicológico, son mecanismos usados frecuentemente para disciplinar y educar, utilizados por las madres y padres con sus hijos.

Ante esta normalización de situaciones que pueden ser consideradas como maltrato de menores, se pueden plantear varias alternativas para ayudar en este caso a los niños, ante un ambiente en donde la violencia está normalizada. Una alternativa es la construcción de la resiliencia en los niños. La resiliencia se define como la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad para proteger la propia integridad bajo presión, y más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo (Muñoz Garrido y de Pedro Sotelo, 2005). Entre las formas de construir la resiliencia en los niños se encuentran las siguientes alternativas:

1. Ambiente social facilitador: Se refiere a redes de apoyo social, como grupos comunitarios y religiosos. También, a modelos positivos y a la aceptación incondicional del niño o adolescente por parte de su familia, amigos y escuela.

2. Recursos personales: Es la fuerza psicológica interna que desarrolla el niño en su interacción con el mundo. Así también la autoestima, autonomía, control de impulsos, empatía, optimismo, sentido del humor y fe o creencia en un ser superior o en la fraternidad universal.

3. Habilidades sociales: Ser capaz de manejar situaciones de conflicto, de tensión o problemas personales (Muñoz Garrido y de Pedro Sotelo, 2005).

Al plantear la alternativa de la construcción de la resiliencia en los niños como una forma de protegerlos del maltrato, no se desea implicar que el maltrato sea adecuado y aceptable. Lo que se busca es plantear una alternativa práctica y realizable que sirva como factor de protección ante la violencia. Es crear alternativas ante la vulnerabilidad social que los niños sufren como grupo.

fotoIrmaris Cruz Núñez M.A. es psicóloga académica investigativa y estudiante a nivel doctoral. Actualmente realiza su disertación doctoral en el tema de la remoción de menores por parte del Departamento de la Familia.

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IMPORTANCIA DE EDUCARSE SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) es una organización líder en la generación de conocimiento psicológico y su aplicación para promover la formación y el desarrollo de profesionales de la psicología en Puerto Rico, la salud integral, los derechos y la dignidad del ser humano. La Asociación, la cual reúne y representa los intereses de los y las profesionales de la psicología y de aquellos en formación, desea pronunciarse a través de su Junta Directiva y del Comité de Asuntos sobre la Comunidad LGBT respecto a las expresiones del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y de la designada Secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

El 24 de enero, en la vista de la Comisión de Nombramientos, se interrogó a la Sra. Keleher sobre su posición acerca de los asuntos de perspectiva de género. Según la prensa escrita, el Presidente del Senado leyó un fragmento del Plan para Puerto Rico que indica: “…la educación sexual de nuestros niños es responsabilidad de los padres, y que la misma debe ser libre de intromisiones indebidas del gobierno” y estos enunciados fueron aceptados por la Sra. Keleher. Hoy, Rivera Schatz solicitó formalmente que se confirme la derogación de la política sobre perspectiva de género en el Departamento de Educación.

Considerando la confusión que personas tienen con relación a este asunto, la Asociación de Psicología de PR desea educar acerca de la perspectiva de género. En primer lugar, la perspectiva de género no es lo mismo que educación sexual, ni educar sobre la comunidad LGBT (La Fountain-Stokes en Bickel, 2015). La perspectiva de género está ligada a la erradicación de la violencia de género, la pobreza y la desigualdad, entre otras (USAID, 2008; OMS, 2016). La misma intenta eliminar el trato desigual de la mujer frente al hombre. Por tanto, estar en contra de la perspectiva de género equivale a permitir que la mujer sea una ciudadana de segunda categoría.

En segundo lugar, si se hablara de educación sexual, se puede establecer que múltiples organizaciones han reconocido la importancia de que dicho tema permanezca dentro del currículo escolar (APA, 2005; APHA, 2006; AMA, 2007; NEA, 2007). Por ello, la Asociación se ha expresado a favor de integrar la educación sexual en los currículos escolares.

El Dr. Miguel Vázquez-Rivera, miembro de la Asociación, indica: “nos preocupa la desinformación de los altos funcionarios de este país y nos ponemos en la disposición de brindarles información científica sobre estos temas. Aunque los sectores religiosos conservadores posiblemente no estén de acuerdo con las comunidades LGBT, queremos aclarar que en este caso no hablamos de comunidades LGBT, sino hablamos de la equidad para la mujer, asunto en el que todos debemos estar de acuerdo”. Por su parte, la Dra. Zahíra L. González Colón, Presidenta de la APPR, expresa “educarnos acerca de la perspectiva de género es ampliar las posibilidades hacia el trato digno y justo, a la vez que se valora la equidad y diversidad, se promueve la inclusión y se respetan los derechos humanos”.

La Asociación de Psicología exhorta a los funcionarios gubernamentales a educarse respecto a la perspectiva de género. Ponemos a la disposición los recursos de nuestra Asociación para educar sobre éste y otros asuntos que impactan el bienestar psicológico e integral de nuestro pueblo. Tenemos el deber social de examinar cómo formamos parte del problema de la violencia y la inequidad, pero más aún, cómo podemos ser parte de la solución.

Para más información puede comunicarse a la Asociación de Psicología de Puerto Rico al 787.751.7100 o escribir a info@asppr.net.

 

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Los conflictos son parte de nuestras vidas. Por tal razón, donde haya seres humanos, habrá conflictos. Nuestras comunidades enfrentan de modo cotidiano el reto de lidiar con los conflictos y no siempre cuentan con las destrezas apropiadas. Sin embargo, existen alternativas para que los conflictos no se conviertan en violencia directa. Creo fielmente, que la violencia es prevenible.

Por estas razones me he dedicado a estudiar el fenómeno de la violencia y a buscar alternativas (modelos, estrategias, etc.) para prevenirla. Como el resultado de esta búsqueda he creado el Modelo Loiceño de Mediación Ciudadana (MLMC). El MLMC analiza las estrategias que se utilizan en el programa Acuerdo de Paz para la prevención/interrupción de la violencia en Loíza. El modelo utilizado por este programa entiende la violencia como un problema de salud pública y prioriza la mediación de conflictos y el diálogo como medio para lograr acuerdos comunitarios, entre los jóvenes, que redunden en menos violencia, tiroteos y asesinatos. Acuerdo de Paz está basado en el “Cure Violence Model” desarrollado por el epidemiólogo Gary Slutkin y la Universidad de Illinois, en Chicago. Este modelo basado en la experiencia, entiende la violencia como una enfermedad y utiliza estrategias desde la epidemiología para contrarrestarla. Desde su implementación en comunidades de Chicago, hasta la experiencia en Loíza, este modelo ha tenido logros significativos e impresionantes, como lo fue una reducción de un 53% en los asesinatos del municipio de Loíza para el año 2012.

El MLMC es el resultado de un proceso de sistematización de la experiencia donde se recopilan las mejores practicas desde la experiencia de sus protagonistas: La comunidad. 

La iniciativa dirigida a poder establecer proyectos comunitarios para la prevención de violencia dirigidos a jóvenes de alto riesgo, en comunidades de alta incidencia criminal. Los resultados finales centran al diálogo y la presencia de líderes comunitarios negociando en la comunidad como los pilares fundamentales del programa. He diseñado, a su vez una guía comunitaria que puede servir a cualquier comunidad con circunstancias similares a establecer un modelo de mediación ciudadana en su comunidad para la prevención, reducción e interrupción de violencia.

El modelo ha sido presentado en la Conferencia Avances en la Investigación y Acción con la Niñez y Juventud, que celebró el pasadado mes de septiembre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en la Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Psicología y en la Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública. Estas prácticas han sido documentadas para uso de otras comunidades que quieran desarrollar iniciativas para la prevención y reducción de violencia.

942865_1001191469968710_5655177000499493383_n.jpgJohn Paul Ayala, es mediador de conflictos y proveedor de adiestramiento certificado por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sus estudios graduados son en psicología social, lo que le da una perspectiva amplia y profunda sobre comunicación y aprendizaje. Tomó una certificación en Programación Neuro-Lingüística y otra como Hipnoterapeuta profesional

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“No te llevaras a mi hijo/a”: Violencia entre padres y el Estado

El 16 de junio de este año fue publicada en El Nuevo Día la noticia de que una empleada del Departamento de la Familia fue apuñalada por una mujer al llegar a una residencia en Bayamón a remover unos menores. Este lamentable incidente habrá sorprendido posiblemente a muchas personas. Sin embargo, habrá que preguntarse cuáles aspectos propician este y otro tipo de incidentes violentos que pueden ocurrir cuando se llevan a cabo remociones de menores por parte del Estado.

Forrester, Westlake y Glynn (2012) presentan que la resistencia de los padres de menores se encuentra en todos los aspectos del área del trabajo social que interviene con la familia y la niñez. Sin embargo, existe poca investigación y trabajo teorico en torno a estos hechos. Estos autores identifican varias razones por las cuales los padres se resisten a la intervención de los trabajadores sociales cuando estos deben investigar en casos de maltrato de menores. Entre estos se encuentran: 1. las estructuras sociales, 2. el contexto en que se lleva a cabo el trabajo de protección de menores, 3. la resistencia de los padres al cambio, 4. la negación o minimización del maltrato y 5. el comportamiento de los trabajadores sociales.

Schreiber, Fuller y Paceley (2013) indican que los funcionarios que trabajan en los organismos de protección de menores en distintos países tienen muchas barreras al momento de involucrar a los padres sospechosos de maltrato de menores en los planes de protección. Esto debido a que dichos padres tienen nociones preconcebidas con respecto a estos organismos de protección incluyendo miedos y enojo cuando estos visitan por primera vez sus hogares.

Por otra parte, muchos padres indican que entender y absorber la información que reciben al comenzar el proceso en donde intervienen los trabajadores sociales es muy difícil. Además indican que reciben poca ayuda terapéutica para ellos y para sus hijos (Ghaffar, Manby y Race, 2011)

De la misma forma que existen aspectos que pueden estar asociados con incidentes violentos entre los funcionarios de los organismos de protección de menores y los padres de estos, existen también actitudes que están vinculados a una relación positiva entre los funcionarios y los padres. Los padres sospechosos de maltrato que son investigados por los organismos de protección de menores se implicaran de forma más positiva con sus funcionarios si estos utilizan estrategias de comunicación positiva y les proveen apoyo emocional o concreto. De la misma forma establecen la necesidad de que los funcionarios que se encargan de la protección de menores tengan mejores condiciones laborales como por ejemplo no tener un excesivo flujo de trabajo y poder acercarse efectivamente a la comunidad donde sirven (Schreiber, Fuller y Paceley, 2013).

Los padres tienen la posibilidad de entender de forma clara las responsabilidades de los trabajadores sociales que trabajan en la protección de menores y pueden identificar cualidades positivas de estos profesionales y de las agencias para la que trabajan. Inclusive los padres y los profesionales suelen converger en sus ideas con el paso del tiempo (Ghaffar, Manby y Race, 2011).

Es indudable que se debe hacer lo posible para evitar incidentes como el ocurrido entre esta empleada del Departamento de la Familia y la mujer que la hirió. Tomar en consideración los estudios e investigaciones que se han presentado pueden ser una forma de prevenir este tipo de situaciones.

 

foto.jpgIrmaris Cruz Núñez M.A. es psicóloga académica investigativa y estudiante a nivel doctoral. Actualmente realiza su disertación doctoral en el tema de la remoción de menores por parte del Departamento de la Familia.

 

 

 

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¿Y ahora qué? Qué hacer ante una sospecha o conocimiento de un evento de abuso sexual

 

 

Muchos de los problemas que nos aquejan socialmente se hacen visibles cuando son reseñados en la prensa de nuestro país. Cada vez más son los casos de abuso sexual infantil reportados y, a su vez, presentados en los distintos medios de comunicación. Estos niños son parte de un núcleo familiar, de una comunidad escolar y de un sistema responsable de velar por su seguridad y bienestar físico, psicológico y emocional. Cuando ocurre un evento de esta índole, todo a su alrededor parece colapsar.

La identificación temprana es una de las mejores herramientas para intervenir a tiempo en estos casos. Es importante prestar atención a los indicadores físicos, emocionales y conductuales que presente el/la menor. Estos pueden ser, pero no se limitan a: curiosidad excesiva por el sexo, conocimiento excesivo sobre la sexualidad y no adecuada para su etapa de desarrollo, aislamiento social, conductas sexualizadas con compañeros de su clase, miedo, tristeza, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas físicos o médicos como enfermedades de transmisión sexual, infecciones recurrentes, dolor al caminar, entre otros. Cabe señalar que algunos de los indicadores por sí solos no son concluyente de un abuso sexual pero permite estar alerta y tomar acción ante estas conductas poco esperadas. Ante esto, una recomendación a evaluación médica es pertinente para auscultar el área física. Es menester hacer la aclaración que el abuso puede no haberse dado mediante penetración por lo que también es necesario reconocer los cambios emocionales y conductuales.

El abuso sexual en sí, constituye una amenaza a la estabilidad mental, física y emocional de un menor y su impacto se ve reflejado en todos los sistemas en los cuales el niño se desenvuelve y se desarrolla. Muchas veces ante una sospecha o conocimiento de abuso sexual, muchos padres no saben qué hacer o a dónde acudir. La ley 246, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” aprobada el 14 de diciembre de 2011, es clara al establecer que existe una responsabilidad del Estado de asegurarle a ese menor su bienestar y seguridad (Articulo 13). El Estado debe asegurarse que el menor esté protegido ya sea si se tiene conocimiento o se sospecha que un menor está en riesgo de sufrir algún daño. (Ley 246, 2003).   Por tanto, es importante que ante un caso de abuso sexual o sospecha, se lleve a cabo los pasos necesarios para referirilo a las autoridades perinentes, de manera tal que se garantice la seguridad inmediata de ese menor.

Posterior a la querella, no se recomienda que se le bombardee al menor con preguntas sobre el evento durante el proceso investigativo ya que esto pudiera afectar dicho proceso. Documente todo lo que lleve a cabo incluyendo la información de la persona que toma el referido y el número de querella. De igual forma, es importante crear expectativas reales. Esto incluye que tanto la menor como la familia va a estar inmersa en un proceso legal que conlleva tiempo, múltiples entrevistas y la estabilidad familiar y económica se podría ver trastocada, especialmente si el alegado/a agresor/a guarda un vínculo consanguíneo o emocional con la víctima y sus familias. De igual forma, se debe orientar y estar claro que de no llevar a cabo el debido referido podría incurrir en negligencia por parte de los adultos a cargo del menor. Una vez concluida la investigación pericial, es importante comenzar un proceso de ayuda psicológica que permita reestablecer, en la medida que sea posible, la estabilidad emocional del/a menor de modo tal que alcance la resiliencia.

 

Recursos de la Comunidad:

  • Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765- 2285 y línea libre de costo 1-800- 981-5721.
  • PAF: Programa para Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (Universidad Carlos Albizu) San Juan, teléfono (787) 724- 2222, 2227, 2253. Referidos por el Departamento de Familia
  • División de Delitos Sexuales (787) 269-2030, (787) 269-2424
    4117, 4118, 4119, 4876.
  • Emergencias Sociales (787)749-1333

 

Pofoto.jpgr: La Dra. Rebecca M. López Bobbins es psicóloga escolar certificada en abuso sexual. Además es profesora y supervisora de práctica en la Universidad Carlos Albizu y Universidad Interamericana de PR.

Tél. (787)762-6999/ Correo electrónico r.lopezbobonis@gmail.com

 

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Una comunidad que protege a la niñez

Proteger a la niñez es una obligación fundamentalmente de las personas adultas de las familias. La mayoría de las familias cumplen a cabalidad con este deber todos los días, con mucho amor, dedicación y sacrificios. Sin embargo, hay niños y niñas en todos los vecindarios y comunidades, que sufren en sus hogares por la negligencia y el maltrato de parte de quienes deberían estar cuidándoles y protegiéndoles.

El maltrato de menores es siempre una gran injusticia. Muy pocas veces los adultos maltratantes piden ayuda porque no se reconocen como tales o porque sabiendo que su conducta es abusiva, temen ser investigados. La responsabilidad de la comunidad frente al maltrato tiene que ser mayor en estos casos.

Mientras más indefensas son las criaturas, son más susceptibles a sufrir maltrato por periodos más prolongados y con efectos más letales. La fragilidad de sus cuerpos y la dependencia total en los adultos para la atención de sus necesidades, les mantienen la mayor parte del tiempo en sus casas y bajo la atención de quienes les maltratan.

La comunidad que protege a la niñez sabe que la conducta negligente y maltratante es dañina; tanto que puede causar la muerte. Está pendiente de su bienestar porque reconoce que los más pequeños no se pueden defender del abuso de los adultos está pendiente de su bienestar.

Algunas señales de que un menor puede estar siendo víctima de negligencia o maltrato son las siguientes: se observa bajo peso o con desnutrición, tiene pobre higiene, se ve con marcas de quemaduras o golpes en la cara o en otras parte del cuerpo, se observa constantemente enfermo y no tiene atención médica, le dejan solo, desatendido o bajo supervisión inadecuada, se ausenta de la escuela sin excusa justificada y los adultos a cargo no asisten a las citas escolares.

fear-1131143_1280.jpgAdemás, los menores pueden estar siendo maltratados en familias que disciplinan con gritos, amenazas, fuete, golpes y castigos severos o cuando viven en hogares donde se escuchan frecuentes discusiones y menores llorando; y cuando presentan cambios repentinos de conducta, en sus patrones de comunicación, de alimentación, en sus relaciones con los demás o en otros aspectos de su desarrollo físico o emocional.

Estas señales no siempre confirman ni constituyen pruebas de maltrato. Puede haber otros motivos y circunstancias que expliquen esos síntomas o comportamientos. Sin embargo, pueden ser señales importantes que identifiquen la necesidad de intervención y ayuda. Una comunidad que cuida de la niñez, se interesa en conocer cómo son tratados, les observa, les acompaña y actúa con sensibilidad, velando por su bienestar. La comunidad que ama a

la niñez está siempre alerta para apoyarles y protegerles.

Si necesita ayuda para lograr una crianza adecuada puede llamar a la línea de orientación del Departamento de la Familia entre 8:00am a 12:00am al 787-977-8022 o al 1-888-359-7777. Si observa maltrato contra algún(a) menor, puede comunicarse de forma confidencial llamando al 787-749-1333 o al 1-800-981-8333.

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Por:

Hon. Idalia Colón Rondón, MTS
La autora  es actualmente, la Secretaria del Departamento de la Familia, en Puerto Rico.

 

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