Violencia, Discapacidad y sus Efectos en la Salud Mental

El diccionario de la Real Academia Española en la última edición en su versión electrónica, nos instruye que la palabra violencia viene del latín Violentia. Esta entidad establece en una de sus definiciones de violencia como: «Acción violenta o contra el natural modo de proceder». En el mundo la violencia se representa de diversas maneras, física, verbal, sexual, etc… Todas estas modalidades de violencia pueden dejar una marca en los seres humanos que pueden tener efectos devastadores en la salud mental del ser humano. No obstante, existe un acto violento que puede tener unos efectos muy dañinos para los seres humanos. ¡La guerra! La palabra guerra, nos ilustra la misma versión electrónica del diccionario de la Real Academia Española que proviene Del germ. *werra ‘pelea, discordia’; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre. Significa, entre otras cosas, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. También puede significar pugna entre personas.

Los actos violentos se realizan por diversas razones y a diferentes grupos poblacionales. Estos grupos poblacionales a los que se le hace una demostración violenta usualmente son grupos minoritarios y que, en ocasiones se les llama grupos vulnerables. Es de uno de estos grupos de los que me gustaría comentar en este artículo que escribo. El grupo de las personas con discapacidad y los efectos que tiene este tipo de actuación en la salud mental de este grupo poblacional.

De acuerdo a datos ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas, (2008) en su sección UNenable, destinada a temas relacionados a las personas con discapacidad, por cada niño que mueren en zona de guerra, 3 resultan heridos o con discapacidad permanente.

Según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países, hasta una cuarta parte de las discapacidades son resultado de heridas y violencia. Las personas con discapacidad tienen más probabilidad de ser víctimas de la violencia o la violación, según un estudio británico de 2004, y menos probabilidad de obtener intervención policiaca, protección jurídica y cuidados preventivos. Las investigaciones indican que la violencia contra los niños con discapacidad ocurre a tasas anuales por lo menos 1.7 veces mayor que en el caso de sus pares no discapacitados. Son en estas consecuencias en las que me deseo enfocar al escribir el siguiente artículo. Cuando dos o más naciones comienzan una guerra sus efectos se sienten de inmediato en el mundo civil. Hay miedo, ansiedad y tristeza y hasta depresión.   Una de las maneras, pero no la única, de que la guerra tenga los efectos anteriormente mencionados en la población civil es a consecuencia de las minas que todavía existen en diferentes países, incluyendo Vieques, las cuales pueden explotar y hacer que miles de civiles pierdan algún tipo de extremidad. Una granada que explote en un poblado lleno de personas civiles puede hacer que esta población pueda perder algún tipo de extremidad.

Tanto en actos violentos entre vecinos, como en conflictos bélicos, existe la posibilidad de que una persona adquiera un daño cerebral a consecuencia de un golpe directo al cerebro o agresión. A esto la autora Elena Galián Paramio le llama Traumatismo Craneoencefálico (Galián,2013)

Como ya hemos visto, ya sea a consecuencia de violencia en las calles o en conflictos bélicos, las consecuencias de la violencia pueden conllevar a que personas inocentes ajenas a la situación y/o las que se encuentran en el mismo conflicto, pueden adquirir cualquier tipo de discapacidad.   Esto puede trastocar los factores psicosociales de los seres humanos. Para trabajar con la secuela que sobreviene a raíz de este tipo de acto violento, tanto con las víctimas de estos actos como con sus familiares, se podrían realizar intervenciones de índole grupal, individual y hasta utilizar técnicas de negociación, las cuales se utilizan en la mediación, para aprender a manejar los conflictos y situaciones.

Pese a que no todos los procesos de diálogo y mediación tienen resultados positivos, como se puede ver en el artículo “Mediación en Naciones Unidas, publicado por Kevin Brown en la Revista de Mediación, (versión electrónica), ciertamente no todo proceso de este tipo es efectivo. No obstante, entiendo que el intentar resolver los conflictos mediante el diálogo contribuiría a disminuir que personas inocentes adquieran una discapacidad para que de esta forma se puedan tratar de evitar que se trastoque la salud mental de un ser humano a consecuencia de actos violentos.

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Milton J. Garland Solá, MA. – Mlton tiene una maestría en Consejería Psicológica y actualmente es Mediador de Conflictos Certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Referencias:

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=42&pid=1369

http://dle.rae.es/?id=brdBvt6

http://www.un.org/es/sg/messages/2008/mineawareness2008.html

https://revistademediacion.com/numeros/volumen-9-no-1/

Galián Paramio, Elena (coord.) (2013) Convivir con el Daño Cerebral Adquirido. Editorial Síntesis S.A. Madrid.

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“No te llevaras a mi hijo/a”: Violencia entre padres y el Estado

El 16 de junio de este año fue publicada en El Nuevo Día la noticia de que una empleada del Departamento de la Familia fue apuñalada por una mujer al llegar a una residencia en Bayamón a remover unos menores. Este lamentable incidente habrá sorprendido posiblemente a muchas personas. Sin embargo, habrá que preguntarse cuáles aspectos propician este y otro tipo de incidentes violentos que pueden ocurrir cuando se llevan a cabo remociones de menores por parte del Estado.

Forrester, Westlake y Glynn (2012) presentan que la resistencia de los padres de menores se encuentra en todos los aspectos del área del trabajo social que interviene con la familia y la niñez. Sin embargo, existe poca investigación y trabajo teorico en torno a estos hechos. Estos autores identifican varias razones por las cuales los padres se resisten a la intervención de los trabajadores sociales cuando estos deben investigar en casos de maltrato de menores. Entre estos se encuentran: 1. las estructuras sociales, 2. el contexto en que se lleva a cabo el trabajo de protección de menores, 3. la resistencia de los padres al cambio, 4. la negación o minimización del maltrato y 5. el comportamiento de los trabajadores sociales.

Schreiber, Fuller y Paceley (2013) indican que los funcionarios que trabajan en los organismos de protección de menores en distintos países tienen muchas barreras al momento de involucrar a los padres sospechosos de maltrato de menores en los planes de protección. Esto debido a que dichos padres tienen nociones preconcebidas con respecto a estos organismos de protección incluyendo miedos y enojo cuando estos visitan por primera vez sus hogares.

Por otra parte, muchos padres indican que entender y absorber la información que reciben al comenzar el proceso en donde intervienen los trabajadores sociales es muy difícil. Además indican que reciben poca ayuda terapéutica para ellos y para sus hijos (Ghaffar, Manby y Race, 2011)

De la misma forma que existen aspectos que pueden estar asociados con incidentes violentos entre los funcionarios de los organismos de protección de menores y los padres de estos, existen también actitudes que están vinculados a una relación positiva entre los funcionarios y los padres. Los padres sospechosos de maltrato que son investigados por los organismos de protección de menores se implicaran de forma más positiva con sus funcionarios si estos utilizan estrategias de comunicación positiva y les proveen apoyo emocional o concreto. De la misma forma establecen la necesidad de que los funcionarios que se encargan de la protección de menores tengan mejores condiciones laborales como por ejemplo no tener un excesivo flujo de trabajo y poder acercarse efectivamente a la comunidad donde sirven (Schreiber, Fuller y Paceley, 2013).

Los padres tienen la posibilidad de entender de forma clara las responsabilidades de los trabajadores sociales que trabajan en la protección de menores y pueden identificar cualidades positivas de estos profesionales y de las agencias para la que trabajan. Inclusive los padres y los profesionales suelen converger en sus ideas con el paso del tiempo (Ghaffar, Manby y Race, 2011).

Es indudable que se debe hacer lo posible para evitar incidentes como el ocurrido entre esta empleada del Departamento de la Familia y la mujer que la hirió. Tomar en consideración los estudios e investigaciones que se han presentado pueden ser una forma de prevenir este tipo de situaciones.

 

foto.jpgIrmaris Cruz Núñez M.A. es psicóloga académica investigativa y estudiante a nivel doctoral. Actualmente realiza su disertación doctoral en el tema de la remoción de menores por parte del Departamento de la Familia.

 

 

 

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Si no es ahora, ¿Cuándo?: prevención de violencia y comunidad

Llevo varios años trabajando con prevención e implementando el Modelo de Prevención Estratégica, promovido por el Centro de Prevención de Abuso de Sustancias (CSAP por sus siglas en inglés). Éste es un modelo que integra la participación comunitaria y promueve el cambio tanto a nivel individual como ambiental. Además, está enmarcado en la sustentabilidad (tanto económica como del esfuerzo a largo plazo) y la competencia cultural (que lo que se haga realmente responda a la población y al contexto donde se implementa).

El Modelo consiste de los siguientes pasos:

  • Estudio de necesidades y recursos: en este paso, a través de la recopilación de datos, se identifican las necesidades y prioridades, los recursos y el apresto (disposición) de la organización, del equipo de trabajo y de la comunidad. Se pueden utilizar diversos métodos: entrevistas a personas clave, grupos focales, encuestas, cuestionarios. Se recomienda la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas.
  • Capacitación: en este paso se capacita a la organización, al equipo de trabajo y a la comunidad para que puedan atender las necesidades y prioridades que se identificaron en el paso 1.
  • Planificación: en este paso se desarrolla un plan estratégico basado en datos científicos así como un modelo lógico (representación visual del proyecto). Además, se seleccionan las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar.
  • Implementación: en este paso se implementa el plan estratégico considerando la adaptación cultural así como las prácticas basadas en evidencia que se seleccionaron según las necesidades y prioridades identificadas en el Paso 1.
  • Evaluación: en este paso se evalúa la implementación que se hizo en el paso anterior. No obstante, la evaluación es algo que se hace durante todos los pasos del Modelo ya que es importante identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o cambiarse.

Cada paso, aunque aparentemente sencillo, requiere que se lleve a cabo de manera concertada y con la inclusión de las personas afectadas / impactadas por el problema que se trata de prevenir. Por ejemplo, si este modelo fuera a implantarse para prevenir alguna manifestación de la violencia es importante que se incluyan las voces de las personas que de alguna manera viven y “conocen” cotidianamente dicha manifestación, que se incluyan diversos sectores sociales que tengan la voluntad de aunar esfuerzos en esta prevención, que haya una participación real a través de todos los pasos del Modelo y que el proceso sea guiado por datos epidemiológicos para evitar “dar palos a ciegas” y no dejarse llevar por el “yo creo que esto funciona” o por el “a mí me dijeron que esto funcionaba”.

Recordemos que la violencia es un fenómeno complejo con múltiples manifestaciones. Por lo mismo, esta complejidad debe ser considerada al momento de recoger los datos para identificar las necesidades y las prioridades con las que se vayan a trabajar al igual que cuando se seleccionen las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar. Es importante que estas prácticas sean adaptadas culturalmente ya que cada comunidad tiene sus particularidades y puede ser que lo que en el escenario A sea un “éxito” simplemente no funcione en el B.

A mi entender, este Modelo puede utilizarse para prevenir la violencia en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de implementarlo para prevenir el consumo de alcohol en menores y la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios además de que la comunidad se apoderó del proceso e implementó estrategias para promover el desarrollo saludable de la juventud.

Yo creo que no hay que esperar a que surja el problema para entonces prevenirlo. Por lo tanto, creo que la violencia es prevenible y que es hora de utilizar modelos que funcionan en vez de utilizar aquellos que ven la punición como la única alternativa.

 

 

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La doctora Yesenia Delgado Castillo es psicóloga social comunitaria con experiencia en la implementación del Modelo de Prevención Estratégica y en procesos comunitarios.

 

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La trata humana: Una forma de violencia estructural e individual

La trata humana es una forma extrema de violencia que violenta los derechos humanos básicos de autonomía, agencia y poder. Esta modalidad de explotación es diversa, compleja e interseccional lo que supone un reto para investigar, prevenir y perseguir. Según el Protocolo de Palermo la trata o tráfico de personas es la captación, el transporte, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios par obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Esa explotación incluye como mínimo, la explotación de prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 
La trata humana es un fenómeno de alcance mundial que constituye uno de los tres mercados ilícitos de mayor ingreso junto con el narcotráfico y tráfico de armas. Se considera una violación a los derechos humanos debido a que se recurre al abuso de poder para obligar, ya sea por medio de amenazas o engaño, a las personas a llevar a cabo tareas de carácter explotativo que denigran su libertad, salud física y mental. Según la literatura la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de este tipo de crimen son personas vulnerables debido condiciones como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, historial de abuso físico, sexual, emocional o de sustancias, pertenencia a gangas, el deambulismo, el estatus migratorio, la falta de redes de apoyo (Ribando Seelke, 2011). De acuerdo a estadísticas existen alrededor de 12.3 millones, aunque hay diferentes fuentes con diversos números, de víctimas a nivel mundial; las mujeres y niñas conforman el 56% mientras que los hombres y niños el 44% (Hepburn y Simon, 2010). Se sabe que la pobreza es un fuerte predictor para llegar a ser víctima de la trata humana pero por otro lado también se encuentran la corrupción gubernamental y el sistema económico neoliberal propician que se pueda sostener esta práctica.

 
También en la literatura se han identificado factores de empuje (push factors) tales como la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad política y factores de halar (pull factors) como la demanda de trabajadores, la facilidad de acceso, el costo del viaje para describir y comprender este complejo fenómeno de violencia extrema (Jac-Kucharski, 2012). Es importante atender esta problemática desde un nivel local, regional e internacional a través de alianzas entre sectores públicos y privados. Por un lado es importante la prevención a través de la educación en las comunidades a través de talleres y campañas mediáticas, la modificación de prácticas culturales y la transformación de un sistema económico que ha permitido que el cuerpo se convierta en una mercancía, un objeto. Por otro lado es importante la investigación para describir y comprender esta problemática compleja, interseccional y diversa que nos afecta a todos y todas de manera implícita y explícita.

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Irene Lafarga Previdi

irene.lafarga@gmail.com

Estudiante graduada de psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico con interés en la investigación e intervención sobre temas diversos como la trata humana, la alfabetización de adultos, y asuntos de género y sexualidad.

 

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Comité de Interacción Ciudadana Policía de Puerto Rico y su rol en la Prevención de la Violencia

¿Nacemos con la predisposición de ser violentos o aprendemos conductas violentas? Estas interrogantes se han presentado en la historia de las culturas para poder investigar y explicar la manifestación de la violencia. Existen diferentes marcos teóricos que buscan conceptualizar su significado y cómo prevenir que ésta se manifieste directa o indirectamente entre nosotros/as.

En Puerto Rico, las noticias constantes de actos violentos asociados al trasiego de drogas, violencia de género, maltrato de menores, abusos contra personas de edad avanzada o actos de violencia hacia las personas con discapacidad no son la excepción. Son varios los gobiernos que públicamente hablan de estrategias policíacas y/o jurídicas para trabajar con este problema social. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno, mediante los componentes de seguridad, (Policía de Puerto Rico) es quien violenta los derechos de los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer cuándo la agencia encargada de velar por nuestra seguridad y protección falla en sus funciones y atenta contra nuestros Derechos Civiles?

En el 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una investigación por alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la uniformada de la Policía de Puerto Rico (PPR). El 5 de septiembre del 2011 termina la investigación con un Informe de Hallazgos, entre ellos: Uso excesivo de fuerza, Conducta dirigida a suprimir el ejercicio de Libertad de Expresión; Registros y Allanamientos sin justificación. A raíz de este informe la Policía de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron esfuerzos en colaboración para lograr una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Como parte de los requerimientos que establece la Reforma surge el Comité de Interacción Ciudadana.

Los comités están distribuidos en las 13 áreas policíacas y un comité a nivel central (Cuartel General). Cada comité cuenta con la representación de diferentes sectores de la comunidad:

Campo de Salud Mental, Víctimas del Crimen, Comunidades Extranjeras Residentes en Puerto Rico, Comerciantes, Representantes de la Juventud, Sector Docente Educativo, LGBTTIQ, Base de Fe, Comunidad en General, Personas con Discapacidad y Personas de la Tercera Edad.

Desde el momento en que supe de la selección de personas para el desarrollo del Comité entendí que era una gran oportunidad de marcar la diferencia. Ser parte del proceso de reformar los procedimientos de la policía para garantizar su capacitación, profesionalismo y competencia nos permite determinar si su efecto es positivo y responde al bienestar de nuestra sociedad. Nuestra misión es facilitar la comunicación y la cooperación entre los líderes comunitarios y la PPR. De esta forma buscamos promover la colaboración en la solución de problemas, prevención del crimen, crear confianza y respeto mutuo y trabajar en conjunto con la ciudadanía. Buscamos crear alianzas con otros grupos, asociaciones y/o Comités cuyo objetivo sea promover estrategias que permitan fomentar una cultura de paz, armonía y comunicación efectiva entre todos los componentes sociales.

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Elitzia J. De Jesus Torres
Portavoz Comité Interacción Ciudadana

Area Fajardo

 

 

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¿Y ahora qué? Qué hacer ante una sospecha o conocimiento de un evento de abuso sexual

 

 

Muchos de los problemas que nos aquejan socialmente se hacen visibles cuando son reseñados en la prensa de nuestro país. Cada vez más son los casos de abuso sexual infantil reportados y, a su vez, presentados en los distintos medios de comunicación. Estos niños son parte de un núcleo familiar, de una comunidad escolar y de un sistema responsable de velar por su seguridad y bienestar físico, psicológico y emocional. Cuando ocurre un evento de esta índole, todo a su alrededor parece colapsar.

La identificación temprana es una de las mejores herramientas para intervenir a tiempo en estos casos. Es importante prestar atención a los indicadores físicos, emocionales y conductuales que presente el/la menor. Estos pueden ser, pero no se limitan a: curiosidad excesiva por el sexo, conocimiento excesivo sobre la sexualidad y no adecuada para su etapa de desarrollo, aislamiento social, conductas sexualizadas con compañeros de su clase, miedo, tristeza, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas físicos o médicos como enfermedades de transmisión sexual, infecciones recurrentes, dolor al caminar, entre otros. Cabe señalar que algunos de los indicadores por sí solos no son concluyente de un abuso sexual pero permite estar alerta y tomar acción ante estas conductas poco esperadas. Ante esto, una recomendación a evaluación médica es pertinente para auscultar el área física. Es menester hacer la aclaración que el abuso puede no haberse dado mediante penetración por lo que también es necesario reconocer los cambios emocionales y conductuales.

El abuso sexual en sí, constituye una amenaza a la estabilidad mental, física y emocional de un menor y su impacto se ve reflejado en todos los sistemas en los cuales el niño se desenvuelve y se desarrolla. Muchas veces ante una sospecha o conocimiento de abuso sexual, muchos padres no saben qué hacer o a dónde acudir. La ley 246, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” aprobada el 14 de diciembre de 2011, es clara al establecer que existe una responsabilidad del Estado de asegurarle a ese menor su bienestar y seguridad (Articulo 13). El Estado debe asegurarse que el menor esté protegido ya sea si se tiene conocimiento o se sospecha que un menor está en riesgo de sufrir algún daño. (Ley 246, 2003).   Por tanto, es importante que ante un caso de abuso sexual o sospecha, se lleve a cabo los pasos necesarios para referirilo a las autoridades perinentes, de manera tal que se garantice la seguridad inmediata de ese menor.

Posterior a la querella, no se recomienda que se le bombardee al menor con preguntas sobre el evento durante el proceso investigativo ya que esto pudiera afectar dicho proceso. Documente todo lo que lleve a cabo incluyendo la información de la persona que toma el referido y el número de querella. De igual forma, es importante crear expectativas reales. Esto incluye que tanto la menor como la familia va a estar inmersa en un proceso legal que conlleva tiempo, múltiples entrevistas y la estabilidad familiar y económica se podría ver trastocada, especialmente si el alegado/a agresor/a guarda un vínculo consanguíneo o emocional con la víctima y sus familias. De igual forma, se debe orientar y estar claro que de no llevar a cabo el debido referido podría incurrir en negligencia por parte de los adultos a cargo del menor. Una vez concluida la investigación pericial, es importante comenzar un proceso de ayuda psicológica que permita reestablecer, en la medida que sea posible, la estabilidad emocional del/a menor de modo tal que alcance la resiliencia.

 

Recursos de la Comunidad:

  • Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765- 2285 y línea libre de costo 1-800- 981-5721.
  • PAF: Programa para Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (Universidad Carlos Albizu) San Juan, teléfono (787) 724- 2222, 2227, 2253. Referidos por el Departamento de Familia
  • División de Delitos Sexuales (787) 269-2030, (787) 269-2424
    4117, 4118, 4119, 4876.
  • Emergencias Sociales (787)749-1333

 

Pofoto.jpgr: La Dra. Rebecca M. López Bobbins es psicóloga escolar certificada en abuso sexual. Además es profesora y supervisora de práctica en la Universidad Carlos Albizu y Universidad Interamericana de PR.

Tél. (787)762-6999/ Correo electrónico r.lopezbobonis@gmail.com

 

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«No es una decisión correcta enviarlos a prisión.»… breve reflexión sobre el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini

El pasado 24 de enero de 2016 el gobernador Alejandro García Padilla anunció que había concedido un indulto condicional al joven Jeremy Ruiz Tomassini, sentenciado a cumplir cuatro años por posesión de drogas. Al momento de ser indultado, Jeremy había cumplido un año y tres meses de su condena. Como abogado pienso que el indulto otorgado por el gobernador es un reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas y cómo dicho fracaso requiere de nuevas estrategias para enfrentar el problema del uso de drogas ilegales. Dicho de otra manera, el indulto es un reconocimiento de que el acercamiento punitivo no es la mejor estrategia para lidiar con casos como el de Jeremy.

Como Psicólogo Social Comunitario me causa mucha curiosidad la reacción de las personas ante el indulto. Algunas personas plantearon en las redes sociales que el indulto no debería haberse concedido porque Jeremy no era solo un usuario de marihuana sino que también le había ofrecido la misma a menores de edad. En el imaginario social puertorriqueño, Jeremy era una persona despreciable por usar marihuana e intentar corromper a la juventud y por lo tanto no debió otorgársele el indulto. Como todo imaginario social, éste no corresponde necesariamente a la realidad de los sujetos que viven la experiencia. Como lo expresó el propio Jeremy en su artículo publicado en El Nuevo Día el 31 de enero de 2016, «uno sabe la realidad y vivió la realidad y luego me enfrento al punto de vista de otras personas con hechos totalmente diferentes. Nunca he vendido drogas ni le he ofrecido drogas a un menor.»

Las expresiones de las personas ante el indulto también reflejan que la mayoría de la población no conoce cómo funciona el derecho penal. ¿Cuál es la función del Derecho Penal? La función del Derecho Penal dependerá de la función que se le asigne a la pena. Las dos teorías tradicionales sobre dicha función son la teoría de la retribución y las teorías de la prevención. En términos simples, la teoría de la retribución plantea que se impone una pena porque la persona la merece, representando un reproche de la sociedad. Sin embargo, la pena debe ser proporcional al delito cometido. Las teorías de la prevención establecen que se le impone una pena a alguien para que los demás ciudadanos sepan que un comportamiento está prohibido o para evitar que una persona específica siga cometiendo delitos.

Cuando uno analiza el caso de Jeremy, o el de las demás personas que han ido a la cárcel por fumar marihuana, se da cuenta de que bajo ninguna de las dos teorías tradicionales la pena de cárcel tiene sentido. Desde la teoría de la retribución, encerrar a una persona tres años, que es la pena que establece el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas por posesión de marihuana, es desproporcional cuando se toma en consideración que no hay un daño directo para otras personas cuando una persona fuma marihuana. Ni siquiera para la persona que fuma el daño excede los beneficios que puede representar el fumar. De la misma forma, la pena como un reproche social no se sostiene en una sociedad en donde cada vez más se reconocen los beneficios médicos de consumir cannabis.

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Foto: Mata de marihuana.

En término de prevención general, el fumar marihuana es una actividad que un gran sector de la población experimenta en alguna etapa de su vida, por lo que la imposición de la pena no ha disminuido la práctica del consumo. Por su parte, la prevención especial no se sostiene porque para que fuera efectiva, habría que incrementar el número de años de cárcel para que la persona no continúe llevando a cabo este delito, lo que violaría el principio de proporcionalidad, el cual también aplica a las teorías de la prevención.

Así que ante la interrogante sobre cuál es la mejor estrategia para lidiar con alguien que ha sido arrestado por estar en posesión de marihuana para su uso personal, tal vez deberíamos tomar en consideración las palabras de Jeremy, como persona que pasó por esa experiencia, cuando nos plantea que «no es una decisión correcta enviarlos a prisión.»

Por: Alexis Rodríguez Ramos Ph.D., J.D. -Alexis posee un doctorado en Filosofía con concentración en Psicología así como una Maestría en Psicología Social Comunitaria. También posee un grado de Juris Doctor y desde el 2007 se desempeña como profesor universitario
en varias universidades de Puerto Rico. Actualmente,
dirige el Centro de Ayuda a Víctimas ALAPÁS

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¿Qué te parece la opinión de Alexis? ¿Qué piensas de la despenalización de la posesión de Marihuana para uso personal? Déjanos

 

Una comunidad que protege a la niñez

Proteger a la niñez es una obligación fundamentalmente de las personas adultas de las familias. La mayoría de las familias cumplen a cabalidad con este deber todos los días, con mucho amor, dedicación y sacrificios. Sin embargo, hay niños y niñas en todos los vecindarios y comunidades, que sufren en sus hogares por la negligencia y el maltrato de parte de quienes deberían estar cuidándoles y protegiéndoles.

El maltrato de menores es siempre una gran injusticia. Muy pocas veces los adultos maltratantes piden ayuda porque no se reconocen como tales o porque sabiendo que su conducta es abusiva, temen ser investigados. La responsabilidad de la comunidad frente al maltrato tiene que ser mayor en estos casos.

Mientras más indefensas son las criaturas, son más susceptibles a sufrir maltrato por periodos más prolongados y con efectos más letales. La fragilidad de sus cuerpos y la dependencia total en los adultos para la atención de sus necesidades, les mantienen la mayor parte del tiempo en sus casas y bajo la atención de quienes les maltratan.

La comunidad que protege a la niñez sabe que la conducta negligente y maltratante es dañina; tanto que puede causar la muerte. Está pendiente de su bienestar porque reconoce que los más pequeños no se pueden defender del abuso de los adultos está pendiente de su bienestar.

Algunas señales de que un menor puede estar siendo víctima de negligencia o maltrato son las siguientes: se observa bajo peso o con desnutrición, tiene pobre higiene, se ve con marcas de quemaduras o golpes en la cara o en otras parte del cuerpo, se observa constantemente enfermo y no tiene atención médica, le dejan solo, desatendido o bajo supervisión inadecuada, se ausenta de la escuela sin excusa justificada y los adultos a cargo no asisten a las citas escolares.

fear-1131143_1280.jpgAdemás, los menores pueden estar siendo maltratados en familias que disciplinan con gritos, amenazas, fuete, golpes y castigos severos o cuando viven en hogares donde se escuchan frecuentes discusiones y menores llorando; y cuando presentan cambios repentinos de conducta, en sus patrones de comunicación, de alimentación, en sus relaciones con los demás o en otros aspectos de su desarrollo físico o emocional.

Estas señales no siempre confirman ni constituyen pruebas de maltrato. Puede haber otros motivos y circunstancias que expliquen esos síntomas o comportamientos. Sin embargo, pueden ser señales importantes que identifiquen la necesidad de intervención y ayuda. Una comunidad que cuida de la niñez, se interesa en conocer cómo son tratados, les observa, les acompaña y actúa con sensibilidad, velando por su bienestar. La comunidad que ama a

la niñez está siempre alerta para apoyarles y protegerles.

Si necesita ayuda para lograr una crianza adecuada puede llamar a la línea de orientación del Departamento de la Familia entre 8:00am a 12:00am al 787-977-8022 o al 1-888-359-7777. Si observa maltrato contra algún(a) menor, puede comunicarse de forma confidencial llamando al 787-749-1333 o al 1-800-981-8333.

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Por:

Hon. Idalia Colón Rondón, MTS
La autora  es actualmente, la Secretaria del Departamento de la Familia, en Puerto Rico.

 

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Unknown/ Comité de Prevención de Violencia – Asociación de Psicología de Puerto Rico