Las violaciones y agresiones sexuales

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) la agresión sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La agresión sexual constituye una de las conductas delictivas de mayor incidencia en Puerto Rico a pesar de ser uno de los delitos menos reportados. De acuerdo a las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre” (Maqueda Abreu, 2006, p.3).

Según la encuesta de “Violencia sexual en Puerto Rico” llevada a cabo cada dos años por el Departamento de Salud, en el 2005 45,181 personas reportaron haber sufrido una experiencia de agresión o violencia sexual. En el 2007 fueron 54,064 y en el año 2010 el número subió a una cifra de 79,580. En contraste, las estadísticas de los casos reportados al Departamento de Policía de Puerto Rico en el 2011 sugieren una cifra considerablemente menor: 2,173 personas. Cabe recalcar que en un 73% de los casos reportados las víctimas eran mujeres y que en 84% de todos los casos las víctimas eran menores de edad. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 1 de cada 6 mujeres ha sido víctima de algún tipo de agresión sexual mientras que 1 de cada 33 hombres ha sido víctima de algún tipo de agresión sexual. La directora del Centro para Víctimas de Violación Rebecca Ward indica que las poblaciones o grupos más vulnerables a ser violadas son las personas con discapacidades ya sea físicas o cognitivas, las personas inmigrantes e indocumentadas, las mujeres y los menores de edad (El Nuevo Día, 2014).

Las violaciones sexuales constituyen uno de los mayores problemas de seguridad y salud pública a nivel mundial. La mayoría de las víctimas son mujeres, sin embargo cada vez nos damos cuenta de que los hombres también pueden ser victimizados. Hemos visto, que la violación y su conceptualización sobretodo en el plano legal y teórico se encuentra atravesada por una ideología patriarcal en donde se considera como un suceso natural, histórico y, por tanto, justificable en muchas ocasiones. El discurso sobre la sexualidad, el género y el poder es asimétrico, violento pues construye al hombre como dominador y a la mujer como sumisa. A modo de cierre, considero que es de suma importancia analizar la problemática de las violaciones, agresiones y abusos sexuales desde un paradigma construccionista que tome en consideración las ideologías que se transmiten en los discursos que permean en los procesos de socialización de los géneros (femenino, masculino) y que influyen en las instituciones, las opiniones y las definiciones y teorías. Se debe considerar la perspectiva de género como paradigma explicativo para poder acercarnos a este fenómeno desde un punto de vista crítico que busca desenmascarar la supuesta naturalización, imparcialidad de nuestras realidades.

Referencias:

Alza en las agresiones sexuales en Puerto Rico. (3 de septiembre de 2014). El Nuevo Día.

Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS). (s.f.). U.S. Department of Justice. Recuperado de http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245

Maqueda Abreu, M.L. (2006). La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad social. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 8(2), 1-13.

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Violencia contra la mujer. Recuperado de http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/

 

Foto I.L.P.Irene Lafarga Previdi

irene.lafarga@gmail.com

Estudiante graduada de psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico con interés en la investigación e intervención sobre temas diversos como la trata humana, la alfabetización de adultos, y asuntos de género y sexualidad.

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“No te llevaras a mi hijo/a”: Violencia entre padres y el Estado

El 16 de junio de este año fue publicada en El Nuevo Día la noticia de que una empleada del Departamento de la Familia fue apuñalada por una mujer al llegar a una residencia en Bayamón a remover unos menores. Este lamentable incidente habrá sorprendido posiblemente a muchas personas. Sin embargo, habrá que preguntarse cuáles aspectos propician este y otro tipo de incidentes violentos que pueden ocurrir cuando se llevan a cabo remociones de menores por parte del Estado.

Forrester, Westlake y Glynn (2012) presentan que la resistencia de los padres de menores se encuentra en todos los aspectos del área del trabajo social que interviene con la familia y la niñez. Sin embargo, existe poca investigación y trabajo teorico en torno a estos hechos. Estos autores identifican varias razones por las cuales los padres se resisten a la intervención de los trabajadores sociales cuando estos deben investigar en casos de maltrato de menores. Entre estos se encuentran: 1. las estructuras sociales, 2. el contexto en que se lleva a cabo el trabajo de protección de menores, 3. la resistencia de los padres al cambio, 4. la negación o minimización del maltrato y 5. el comportamiento de los trabajadores sociales.

Schreiber, Fuller y Paceley (2013) indican que los funcionarios que trabajan en los organismos de protección de menores en distintos países tienen muchas barreras al momento de involucrar a los padres sospechosos de maltrato de menores en los planes de protección. Esto debido a que dichos padres tienen nociones preconcebidas con respecto a estos organismos de protección incluyendo miedos y enojo cuando estos visitan por primera vez sus hogares.

Por otra parte, muchos padres indican que entender y absorber la información que reciben al comenzar el proceso en donde intervienen los trabajadores sociales es muy difícil. Además indican que reciben poca ayuda terapéutica para ellos y para sus hijos (Ghaffar, Manby y Race, 2011)

De la misma forma que existen aspectos que pueden estar asociados con incidentes violentos entre los funcionarios de los organismos de protección de menores y los padres de estos, existen también actitudes que están vinculados a una relación positiva entre los funcionarios y los padres. Los padres sospechosos de maltrato que son investigados por los organismos de protección de menores se implicaran de forma más positiva con sus funcionarios si estos utilizan estrategias de comunicación positiva y les proveen apoyo emocional o concreto. De la misma forma establecen la necesidad de que los funcionarios que se encargan de la protección de menores tengan mejores condiciones laborales como por ejemplo no tener un excesivo flujo de trabajo y poder acercarse efectivamente a la comunidad donde sirven (Schreiber, Fuller y Paceley, 2013).

Los padres tienen la posibilidad de entender de forma clara las responsabilidades de los trabajadores sociales que trabajan en la protección de menores y pueden identificar cualidades positivas de estos profesionales y de las agencias para la que trabajan. Inclusive los padres y los profesionales suelen converger en sus ideas con el paso del tiempo (Ghaffar, Manby y Race, 2011).

Es indudable que se debe hacer lo posible para evitar incidentes como el ocurrido entre esta empleada del Departamento de la Familia y la mujer que la hirió. Tomar en consideración los estudios e investigaciones que se han presentado pueden ser una forma de prevenir este tipo de situaciones.

 

foto.jpgIrmaris Cruz Núñez M.A. es psicóloga académica investigativa y estudiante a nivel doctoral. Actualmente realiza su disertación doctoral en el tema de la remoción de menores por parte del Departamento de la Familia.

 

 

 

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La Violencia Cibernética: Cuando las Redes Sociales se Convierten en Instrumentos de Ataques

 

El uso del internet, especialmente las redes sociales desde la pasada década se ha vuelto uno popular por personas de diferentes las edades. A través de éstas, nos podemos comunicar frecuentemente con personas significativas, reconectar con compañeros de estudio y trabajo, enterarnos de lo que sucede en nuestra sociedad y compartir temas de interés o experiencias.

A medida que tener acceso al internet se ha facilitado; ha dado lugar a que algunas personas utilicen este medio para atacar a otros que tengan un punto de vista diferente, hacer burlas, acosar e incluso difamar. Actualmente la violencia cibernética se conoce como una conducta o conjunto de conductas ejecutadas con el propósito de lastimar o constituir algún tipo de daño físico o psicológico contra una persona o grupos de personas. Es de gran importancia mencionar que desde la pasada década se han identificado varios tipos de violencia tales como el acecho cibernético, hostigamiento cibernético y las representaciones degradantes (Herring, 2002). Esta problemática al ser una relativamente reciente; da lugar a que sea menos conocida y por lo tanto influye en que se conceptualice como una de menor seriedad o gravedad. Sin embargo; es esencial que esta problemática sea atendida de manera diligente con el propósito de salvaguardar el bienestar de la persona quien sufre ese patrón de violencia.

icon-912811_1920            El acecho cibernético consiste en monitorear, rastrear las acciones de una persona o recopilar información acerca de una persona sin un propósito legítimo. Este tipo de violencia a la vez puede ser una forma de intimidación ya que el/la agresor/a tiene conocimiento de aspectos personales o significativos para la víctima (ej. Lugar de residencia, amistades, familiares, lugar de estudio o trabajo, etc). Algunos ejemplos de este tipo de violencia cibernética son verbalizaciones como las siguientes: “Sé dónde vives, quienes son tus amistades: te puedo hacer daño o a ti”; “Sé que sales los fines de semana, pero no me gustan las personas con quien sales”.

El hostigamiento cibernético, por su parte; consiste en realizar gestos, acciones o mencionar palabras con el propósito de molestar o abusar de otra persona. Una característica esencial de esta forma de violencia es que puede consistir en un solo acto lo suficientemente severo o un patrón constante de conductas que generan malestar. Algunos ejemplos de hostigamiento cibernético consisten en enviar correos electrónicos o mensajes privados atacando la imagen o reputación de una o grupo de personas, acercamientos sexuales no deseados, creación grupos de mensajería o perfiles en redes sociales donde se ataque a una persona o grupos de personas.
Las representaciones degradantes son imágenes (ej. Fotos, caricaturas/memes, etc) o palabras que se utilizan para incitar conductas violentas o de daño contra una persona o grupos de personas. Esta forma de violencia consiste en subir al internet o red social fotos de una persona sin su consentimiento con el propósito de intimidar o amenazar a la víctima o para que ésta sea juzgada por otros usuarios. Un ejemplo de este último aspecto consiste en subir fotos sin el consentimiento de una persona para que otros usuarios evalúen su atractivo sexual, sea criticada por su apariencia, vestimenta u otras características.

A pesar de que la violencia cibernética es una problemática reciente; ésta posee las mismas repercusiones que otras formas de violencia ya conocidas. Algunas de esas repercusiones son cambios marcados en la conducta de la persona que es víctima, sentimientos de temor o preocupación por su seguridad o ha realizado verbalizaciones acerca de la muerte o atentar contra su vida. Si usted o alguien que conoce están siendo víctima o sospecha que es víctima de algún tipo de violencia cibernética; consulte o reporte esta situación con un profesional de la salud, organizaciones como procuradores de estudiantes, personal de recursos humanos, orientadores o la policía.

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Melissa Carrasco González, PhD psicología clínica

 

 

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El interés de la salud pública hacia la prevención de violencia

¿Es la violencia un problema de salud pública? La respuesta es sí, pero primero se necesita saber qué es violencia y salud pública, para luego explicar por qué la violencia es un problema de salud pública. La violencia, según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2002), es «el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones» (p.5).

Aunque la definición de la OMS es una bastante completa, cabe mencionar otros factores importantes a considerar cuando se habla de violencia. Por ejemplo, la concepción social, jurídica y moral que se tenga sobre la noción violencia en una sociedad o contexto socio/histórico particular. Es decir, no se puede estudiar la violencia de manera generalizada, ya que algunos aspectos sociales juegan un papel determinante en lo que es o no es violencia. Por ejemplo, el machismo. El machismo es un acto de violencia sumiso o sutil en algunas culturas pero que atenta contra los derechos de igualdad de las mujeres de la misma manera que en las sociedades abiertamente machistas.

Otro ejemplo es la homofobia, que al igual que el machismo, atenta contra la igualdad de derechos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT). La comunidad LGBTT sufre innumerables actos de violencia por sus preferencias sexuales que van más allá del aspecto físico. Inclusive, muchos de estos actos no son penalizados por el Estado y, en algunos sectores de la sociedad, se perciben como algo correcto. Un ejemplo de estos actos de violencia es la dura batalla que han tenido para reconocer su derecho al matrimonio o a la seguridad laboral.

El concepto de la salud pública, según la OMS (2002):

Por definición, la salud pública no se ocupa de los pacientes a título individual. Su interés se centra en tratar las enfermedades, afecciones y problemas que afectan a la salud, y pretende proporcionar el máximo beneficio para el mayor número posible de personas. Esto no significa que la salud pública haga a un lado la atención de los individuos. Más bien, la inquietud estriba en prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la atención y la seguridad de todas las poblaciones (p3).

Por otro el lado, la OMS (2002) explica que:

El enfoque de salud pública a cualquier problema es interdisciplinario y se basa en datos científicos. Además, extrae conocimientos de muchas disciplinas, entre ellas, la medicina, la epidemiología, la sociología, la psicología, la criminología, la pedagogía y la economía. Esto le ha permitido al campo de la salud pública ser innovador y receptive con respecto a una amplia variedad de enfermedades, padecimientos y lesiones en todo el mundo (p. 4).

La violencia, al igual que el ser humano, es compleja y multi-dimensional. Por ende, no se puede estudiar o abarcar desde una sola perspectiva, ya sea académica, social, jurídica o individual. Por esta razón, hay que buscar entrelazar diferentes perspectivas pero todas ellas cónsonas a un interés o meta en común. La violencia nunca va a tener una razón única de ser, pero sí puede tener tendencias sociales, económicas, históricas, contextuales, familiares y educativas. El ser humano es un ser de tendencias y de hábitos, y es por ello que la investigación sobre cuáles son los actos de violencia más comunes en una sociedad puede ser de mucha utilidad para tratar de prevenir este fenómeno. Al conocer dichos actos se pueden hacer intervenciones desde diferentes intereses o disciplinas que ayudarían, desde la perspectiva de salud pública, a encontrar factores que puedan prevenir los actos de violencia.

Un gran obstáculo que tienen los programas de Salud Pública dirigidos a la prevención de violencia es el reconocimiento, pertinencia y la visión que tengan de lo que es violencia y cómo prevenirla, no sólo las personas que toman las decisiones a gran escala en la sociedad, sino la sociedad en sí misma. Para que los programas de prevención funcionen tienen que partir de una base teórica, y al mismo tiempo de fundamentos prácticos para que puedan implementarse con éxito. En Puerto Rico es necesario prevenir más que remediar. Del mismo modo, debemos evaluar aquellas estrategias que no han funcionado y evitar tener “fe ciega” en programas que sabemos que no dan resultado.

Por ejemplo, la violencia, usualmente, se trabaja desde una perspectiva delictiva, donde a través de la imposición de sanciones, castigos o represiones del Estado busca tratar de prevenir la violencia y educar a la sociedad. Sin embargo, no se han realizado hallazgos significativos de parte del Estado en términos de los motivos de los actos de violencia y cómo éstos pueden afectar a la sociedad en diferentes facetas. A mi entender, si no se conoce la raíz o el motivo de un problema, ya sea a nivel individual o social, es muy difícil encontrar soluciones sensatas. Más aún, con un problema tan complejo y multifactorial como lo es el fenómeno de la violencia.

silhouette-1221445_1280Hay que dejar atrás el modelo tradicional-reaccionario con el que se ha abordado la violencia por tanto tiempo. La llamada lucha contra el crimen o violencia que ha utilizado el Estado no ha dado los resultados esperados. Es por esto que el Estado debe tomar un camino diferente para atajar la alta incidencia de violencia que arropa al país. Y, a la misma vez, debe educar a la sociedad para que vaya a la par con este cambio necesario. La salud pública puede y debe ser una herramienta sumamente útil para lograr la sociedad que todo ciudadano/a anhela…Una sociedad donde se pueda vivir sin miedo a ser víctima de actos de violencia.

 

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre violencia y la Salud (Resumen). Recuperado en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf

13348788_10154095578780985_377176212_n.jpgAlexis J. Ortiz, M.A., es terapia psico – social especialista en manejo de conducta de adolescentes. Tiene una maestría en Psicología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México y certificados en Programación Neuro Lingüística y Mediación de Con
flicto.

 

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Diálogo y presencia como alternativas ante la violencia

Los conflictos son parte de nuestras vidas. Por tal razón, donde haya seres humanos, habrá conflictos. Nuestras comunidades enfrentan de modo cotidiano el reto de lidiar con los conflictos y no siempre cuentan con las destrezas apropiadas. Sin embargo, existen alternativas para que los conflictos no se conviertan en violencia directa. Creo fielmente, que la violencia es prevenible.

Por estas razones me he dedicado a estudiar el fenómeno de la violencia y a buscar alternativas (modelos, estrategias, etc.) para prevenirla. Como el resultado de esta búsqueda he creado el Modelo Loiceño de Mediación Ciudadana (MLMC). El MLMC analiza las estrategias que se utilizan en el programa Acuerdo de Paz para la prevención/interrupción de la violencia en Loíza. El modelo utilizado por este programa entiende la violencia como un problema de salud pública y prioriza la mediación de conflictos y el diálogo como medio para lograr acuerdos comunitarios, entre los jóvenes, que redunden en menos violencia, tiroteos y asesinatos. Acuerdo de Paz está basado en el “Cure Violence Model” desarrollado por el epidemiólogo Gary Slutkin y la Universidad de Illinois, en Chicago. Este modelo basado en la experiencia, entiende la violencia como una enfermedad y utiliza estrategias desde la epidemiología para contrarrestarla. Desde su implementación en comunidades de Chicago, hasta la experiencia en Loíza, este modelo ha tenido logros significativos e impresionantes, como lo fue una reducción de un 53% en los asesinatos del municipio de Loíza para el año 2012.

El MLMC es el resultado de un proceso de sistematización de la experiencia donde se recopilan las mejores prácticas desde la experiencia de sus protagonistas: La comunidad. 

Screen Shot 2016-06-01 at 11.20.38 AM.pngLa iniciativa buscar establecer proyectos comunitarios para la prevención de violencia dirigidos a jóvenes de alto riesgo, en comunidades de alta incidencia criminal. Los resultados finales centran al diálogo y la presencia de líderes comunitarios negociando en la comunidad como los pilares fundamentales del programa. He diseñado, a su vez una guía comunitaria que puede servir a cualquier comunidad con circunstancias similares a establecer un modelo de mediación ciudadana en su comunidad para la prevención, reducción e interrupción de violencia.

El modelo ha sido presentado en la Conferencia Avances en la Investigación y Acción con la Niñez y Juventud, que celebró el pasadado mes de septiembre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en la Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública. Estas prácticas han sido documentadas para uso de otras comunidades que quieran desarrollar iniciativas para la prevención y reducción de violencia.

 
942865_1001191469968710_5655177000499493383_n.jpgJohn Paul Ayala, es psicólogo social-comunitario, mediador de conflictos y proveedor de adiestramiento certificado por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

 

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Si no es ahora, ¿Cuándo?: prevención de violencia y comunidad

Llevo varios años trabajando con prevención e implementando el Modelo de Prevención Estratégica, promovido por el Centro de Prevención de Abuso de Sustancias (CSAP por sus siglas en inglés). Éste es un modelo que integra la participación comunitaria y promueve el cambio tanto a nivel individual como ambiental. Además, está enmarcado en la sustentabilidad (tanto económica como del esfuerzo a largo plazo) y la competencia cultural (que lo que se haga realmente responda a la población y al contexto donde se implementa).

El Modelo consiste de los siguientes pasos:

  • Estudio de necesidades y recursos: en este paso, a través de la recopilación de datos, se identifican las necesidades y prioridades, los recursos y el apresto (disposición) de la organización, del equipo de trabajo y de la comunidad. Se pueden utilizar diversos métodos: entrevistas a personas clave, grupos focales, encuestas, cuestionarios. Se recomienda la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas.
  • Capacitación: en este paso se capacita a la organización, al equipo de trabajo y a la comunidad para que puedan atender las necesidades y prioridades que se identificaron en el paso 1.
  • Planificación: en este paso se desarrolla un plan estratégico basado en datos científicos así como un modelo lógico (representación visual del proyecto). Además, se seleccionan las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar.
  • Implementación: en este paso se implementa el plan estratégico considerando la adaptación cultural así como las prácticas basadas en evidencia que se seleccionaron según las necesidades y prioridades identificadas en el Paso 1.
  • Evaluación: en este paso se evalúa la implementación que se hizo en el paso anterior. No obstante, la evaluación es algo que se hace durante todos los pasos del Modelo ya que es importante identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o cambiarse.

Cada paso, aunque aparentemente sencillo, requiere que se lleve a cabo de manera concertada y con la inclusión de las personas afectadas / impactadas por el problema que se trata de prevenir. Por ejemplo, si este modelo fuera a implantarse para prevenir alguna manifestación de la violencia es importante que se incluyan las voces de las personas que de alguna manera viven y “conocen” cotidianamente dicha manifestación, que se incluyan diversos sectores sociales que tengan la voluntad de aunar esfuerzos en esta prevención, que haya una participación real a través de todos los pasos del Modelo y que el proceso sea guiado por datos epidemiológicos para evitar “dar palos a ciegas” y no dejarse llevar por el “yo creo que esto funciona” o por el “a mí me dijeron que esto funcionaba”.

Recordemos que la violencia es un fenómeno complejo con múltiples manifestaciones. Por lo mismo, esta complejidad debe ser considerada al momento de recoger los datos para identificar las necesidades y las prioridades con las que se vayan a trabajar al igual que cuando se seleccionen las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar. Es importante que estas prácticas sean adaptadas culturalmente ya que cada comunidad tiene sus particularidades y puede ser que lo que en el escenario A sea un “éxito” simplemente no funcione en el B.

A mi entender, este Modelo puede utilizarse para prevenir la violencia en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de implementarlo para prevenir el consumo de alcohol en menores y la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios además de que la comunidad se apoderó del proceso e implementó estrategias para promover el desarrollo saludable de la juventud.

Yo creo que no hay que esperar a que surja el problema para entonces prevenirlo. Por lo tanto, creo que la violencia es prevenible y que es hora de utilizar modelos que funcionan en vez de utilizar aquellos que ven la punición como la única alternativa.

 

 

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La doctora Yesenia Delgado Castillo es psicóloga social comunitaria con experiencia en la implementación del Modelo de Prevención Estratégica y en procesos comunitarios.

 

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La trata humana: Una forma de violencia estructural e individual

La trata humana es una forma extrema de violencia que violenta los derechos humanos básicos de autonomía, agencia y poder. Esta modalidad de explotación es diversa, compleja e interseccional lo que supone un reto para investigar, prevenir y perseguir. Según el Protocolo de Palermo la trata o tráfico de personas es la captación, el transporte, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios par obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Esa explotación incluye como mínimo, la explotación de prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 
La trata humana es un fenómeno de alcance mundial que constituye uno de los tres mercados ilícitos de mayor ingreso junto con el narcotráfico y tráfico de armas. Se considera una violación a los derechos humanos debido a que se recurre al abuso de poder para obligar, ya sea por medio de amenazas o engaño, a las personas a llevar a cabo tareas de carácter explotativo que denigran su libertad, salud física y mental. Según la literatura la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de este tipo de crimen son personas vulnerables debido condiciones como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, historial de abuso físico, sexual, emocional o de sustancias, pertenencia a gangas, el deambulismo, el estatus migratorio, la falta de redes de apoyo (Ribando Seelke, 2011). De acuerdo a estadísticas existen alrededor de 12.3 millones, aunque hay diferentes fuentes con diversos números, de víctimas a nivel mundial; las mujeres y niñas conforman el 56% mientras que los hombres y niños el 44% (Hepburn y Simon, 2010). Se sabe que la pobreza es un fuerte predictor para llegar a ser víctima de la trata humana pero por otro lado también se encuentran la corrupción gubernamental y el sistema económico neoliberal propician que se pueda sostener esta práctica.

 
También en la literatura se han identificado factores de empuje (push factors) tales como la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad política y factores de halar (pull factors) como la demanda de trabajadores, la facilidad de acceso, el costo del viaje para describir y comprender este complejo fenómeno de violencia extrema (Jac-Kucharski, 2012). Es importante atender esta problemática desde un nivel local, regional e internacional a través de alianzas entre sectores públicos y privados. Por un lado es importante la prevención a través de la educación en las comunidades a través de talleres y campañas mediáticas, la modificación de prácticas culturales y la transformación de un sistema económico que ha permitido que el cuerpo se convierta en una mercancía, un objeto. Por otro lado es importante la investigación para describir y comprender esta problemática compleja, interseccional y diversa que nos afecta a todos y todas de manera implícita y explícita.

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Irene Lafarga Previdi

irene.lafarga@gmail.com

Estudiante graduada de psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico con interés en la investigación e intervención sobre temas diversos como la trata humana, la alfabetización de adultos, y asuntos de género y sexualidad.

 

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Comité de Interacción Ciudadana Policía de Puerto Rico y su rol en la Prevención de la Violencia

¿Nacemos con la predisposición de ser violentos o aprendemos conductas violentas? Estas interrogantes se han presentado en la historia de las culturas para poder investigar y explicar la manifestación de la violencia. Existen diferentes marcos teóricos que buscan conceptualizar su significado y cómo prevenir que ésta se manifieste directa o indirectamente entre nosotros/as.

En Puerto Rico, las noticias constantes de actos violentos asociados al trasiego de drogas, violencia de género, maltrato de menores, abusos contra personas de edad avanzada o actos de violencia hacia las personas con discapacidad no son la excepción. Son varios los gobiernos que públicamente hablan de estrategias policíacas y/o jurídicas para trabajar con este problema social. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno, mediante los componentes de seguridad, (Policía de Puerto Rico) es quien violenta los derechos de los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer cuándo la agencia encargada de velar por nuestra seguridad y protección falla en sus funciones y atenta contra nuestros Derechos Civiles?

En el 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una investigación por alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la uniformada de la Policía de Puerto Rico (PPR). El 5 de septiembre del 2011 termina la investigación con un Informe de Hallazgos, entre ellos: Uso excesivo de fuerza, Conducta dirigida a suprimir el ejercicio de Libertad de Expresión; Registros y Allanamientos sin justificación. A raíz de este informe la Policía de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron esfuerzos en colaboración para lograr una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Como parte de los requerimientos que establece la Reforma surge el Comité de Interacción Ciudadana.

Los comités están distribuidos en las 13 áreas policíacas y un comité a nivel central (Cuartel General). Cada comité cuenta con la representación de diferentes sectores de la comunidad:

Campo de Salud Mental, Víctimas del Crimen, Comunidades Extranjeras Residentes en Puerto Rico, Comerciantes, Representantes de la Juventud, Sector Docente Educativo, LGBTTIQ, Base de Fe, Comunidad en General, Personas con Discapacidad y Personas de la Tercera Edad.

Desde el momento en que supe de la selección de personas para el desarrollo del Comité entendí que era una gran oportunidad de marcar la diferencia. Ser parte del proceso de reformar los procedimientos de la policía para garantizar su capacitación, profesionalismo y competencia nos permite determinar si su efecto es positivo y responde al bienestar de nuestra sociedad. Nuestra misión es facilitar la comunicación y la cooperación entre los líderes comunitarios y la PPR. De esta forma buscamos promover la colaboración en la solución de problemas, prevención del crimen, crear confianza y respeto mutuo y trabajar en conjunto con la ciudadanía. Buscamos crear alianzas con otros grupos, asociaciones y/o Comités cuyo objetivo sea promover estrategias que permitan fomentar una cultura de paz, armonía y comunicación efectiva entre todos los componentes sociales.

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Elitzia J. De Jesus Torres
Portavoz Comité Interacción Ciudadana

Area Fajardo

 

 

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¿Y ahora qué? Qué hacer ante una sospecha o conocimiento de un evento de abuso sexual

 

 

Muchos de los problemas que nos aquejan socialmente se hacen visibles cuando son reseñados en la prensa de nuestro país. Cada vez más son los casos de abuso sexual infantil reportados y, a su vez, presentados en los distintos medios de comunicación. Estos niños son parte de un núcleo familiar, de una comunidad escolar y de un sistema responsable de velar por su seguridad y bienestar físico, psicológico y emocional. Cuando ocurre un evento de esta índole, todo a su alrededor parece colapsar.

La identificación temprana es una de las mejores herramientas para intervenir a tiempo en estos casos. Es importante prestar atención a los indicadores físicos, emocionales y conductuales que presente el/la menor. Estos pueden ser, pero no se limitan a: curiosidad excesiva por el sexo, conocimiento excesivo sobre la sexualidad y no adecuada para su etapa de desarrollo, aislamiento social, conductas sexualizadas con compañeros de su clase, miedo, tristeza, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas físicos o médicos como enfermedades de transmisión sexual, infecciones recurrentes, dolor al caminar, entre otros. Cabe señalar que algunos de los indicadores por sí solos no son concluyente de un abuso sexual pero permite estar alerta y tomar acción ante estas conductas poco esperadas. Ante esto, una recomendación a evaluación médica es pertinente para auscultar el área física. Es menester hacer la aclaración que el abuso puede no haberse dado mediante penetración por lo que también es necesario reconocer los cambios emocionales y conductuales.

El abuso sexual en sí, constituye una amenaza a la estabilidad mental, física y emocional de un menor y su impacto se ve reflejado en todos los sistemas en los cuales el niño se desenvuelve y se desarrolla. Muchas veces ante una sospecha o conocimiento de abuso sexual, muchos padres no saben qué hacer o a dónde acudir. La ley 246, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” aprobada el 14 de diciembre de 2011, es clara al establecer que existe una responsabilidad del Estado de asegurarle a ese menor su bienestar y seguridad (Articulo 13). El Estado debe asegurarse que el menor esté protegido ya sea si se tiene conocimiento o se sospecha que un menor está en riesgo de sufrir algún daño. (Ley 246, 2003).   Por tanto, es importante que ante un caso de abuso sexual o sospecha, se lleve a cabo los pasos necesarios para referirilo a las autoridades perinentes, de manera tal que se garantice la seguridad inmediata de ese menor.

Posterior a la querella, no se recomienda que se le bombardee al menor con preguntas sobre el evento durante el proceso investigativo ya que esto pudiera afectar dicho proceso. Documente todo lo que lleve a cabo incluyendo la información de la persona que toma el referido y el número de querella. De igual forma, es importante crear expectativas reales. Esto incluye que tanto la menor como la familia va a estar inmersa en un proceso legal que conlleva tiempo, múltiples entrevistas y la estabilidad familiar y económica se podría ver trastocada, especialmente si el alegado/a agresor/a guarda un vínculo consanguíneo o emocional con la víctima y sus familias. De igual forma, se debe orientar y estar claro que de no llevar a cabo el debido referido podría incurrir en negligencia por parte de los adultos a cargo del menor. Una vez concluida la investigación pericial, es importante comenzar un proceso de ayuda psicológica que permita reestablecer, en la medida que sea posible, la estabilidad emocional del/a menor de modo tal que alcance la resiliencia.

 

Recursos de la Comunidad:

  • Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765- 2285 y línea libre de costo 1-800- 981-5721.
  • PAF: Programa para Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (Universidad Carlos Albizu) San Juan, teléfono (787) 724- 2222, 2227, 2253. Referidos por el Departamento de Familia
  • División de Delitos Sexuales (787) 269-2030, (787) 269-2424
    4117, 4118, 4119, 4876.
  • Emergencias Sociales (787)749-1333

 

Pofoto.jpgr: La Dra. Rebecca M. López Bobbins es psicóloga escolar certificada en abuso sexual. Además es profesora y supervisora de práctica en la Universidad Carlos Albizu y Universidad Interamericana de PR.

Tél. (787)762-6999/ Correo electrónico r.lopezbobonis@gmail.com

 

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UnknownComité de Prevención de Violencia – Asociación de Psicología de Puerto Rico

«No es una decisión correcta enviarlos a prisión.»… breve reflexión sobre el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini

El pasado 24 de enero de 2016 el gobernador Alejandro García Padilla anunció que había concedido un indulto condicional al joven Jeremy Ruiz Tomassini, sentenciado a cumplir cuatro años por posesión de drogas. Al momento de ser indultado, Jeremy había cumplido un año y tres meses de su condena. Como abogado pienso que el indulto otorgado por el gobernador es un reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas y cómo dicho fracaso requiere de nuevas estrategias para enfrentar el problema del uso de drogas ilegales. Dicho de otra manera, el indulto es un reconocimiento de que el acercamiento punitivo no es la mejor estrategia para lidiar con casos como el de Jeremy.

Como Psicólogo Social Comunitario me causa mucha curiosidad la reacción de las personas ante el indulto. Algunas personas plantearon en las redes sociales que el indulto no debería haberse concedido porque Jeremy no era solo un usuario de marihuana sino que también le había ofrecido la misma a menores de edad. En el imaginario social puertorriqueño, Jeremy era una persona despreciable por usar marihuana e intentar corromper a la juventud y por lo tanto no debió otorgársele el indulto. Como todo imaginario social, éste no corresponde necesariamente a la realidad de los sujetos que viven la experiencia. Como lo expresó el propio Jeremy en su artículo publicado en El Nuevo Día el 31 de enero de 2016, «uno sabe la realidad y vivió la realidad y luego me enfrento al punto de vista de otras personas con hechos totalmente diferentes. Nunca he vendido drogas ni le he ofrecido drogas a un menor.»

Las expresiones de las personas ante el indulto también reflejan que la mayoría de la población no conoce cómo funciona el derecho penal. ¿Cuál es la función del Derecho Penal? La función del Derecho Penal dependerá de la función que se le asigne a la pena. Las dos teorías tradicionales sobre dicha función son la teoría de la retribución y las teorías de la prevención. En términos simples, la teoría de la retribución plantea que se impone una pena porque la persona la merece, representando un reproche de la sociedad. Sin embargo, la pena debe ser proporcional al delito cometido. Las teorías de la prevención establecen que se le impone una pena a alguien para que los demás ciudadanos sepan que un comportamiento está prohibido o para evitar que una persona específica siga cometiendo delitos.

Cuando uno analiza el caso de Jeremy, o el de las demás personas que han ido a la cárcel por fumar marihuana, se da cuenta de que bajo ninguna de las dos teorías tradicionales la pena de cárcel tiene sentido. Desde la teoría de la retribución, encerrar a una persona tres años, que es la pena que establece el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas por posesión de marihuana, es desproporcional cuando se toma en consideración que no hay un daño directo para otras personas cuando una persona fuma marihuana. Ni siquiera para la persona que fuma el daño excede los beneficios que puede representar el fumar. De la misma forma, la pena como un reproche social no se sostiene en una sociedad en donde cada vez más se reconocen los beneficios médicos de consumir cannabis.

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Foto: Mata de marihuana.

En término de prevención general, el fumar marihuana es una actividad que un gran sector de la población experimenta en alguna etapa de su vida, por lo que la imposición de la pena no ha disminuido la práctica del consumo. Por su parte, la prevención especial no se sostiene porque para que fuera efectiva, habría que incrementar el número de años de cárcel para que la persona no continúe llevando a cabo este delito, lo que violaría el principio de proporcionalidad, el cual también aplica a las teorías de la prevención.

Así que ante la interrogante sobre cuál es la mejor estrategia para lidiar con alguien que ha sido arrestado por estar en posesión de marihuana para su uso personal, tal vez deberíamos tomar en consideración las palabras de Jeremy, como persona que pasó por esa experiencia, cuando nos plantea que «no es una decisión correcta enviarlos a prisión.»

Por: Alexis Rodríguez Ramos Ph.D., J.D. -Alexis posee un doctorado en Filosofía con concentración en Psicología así como una Maestría en Psicología Social Comunitaria. También posee un grado de Juris Doctor y desde el 2007 se desempeña como profesor universitario
en varias universidades de Puerto Rico. Actualmente,
dirige el Centro de Ayuda a Víctimas ALAPÁS

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¿Qué te parece la opinión de Alexis? ¿Qué piensas de la despenalización de la posesión de Marihuana para uso personal? Déjanos