El 16 de junio de este año fue publicada en El Nuevo Día la noticia de que una empleada del Departamento de la Familia fue apuñalada por una mujer al llegar a una residencia en Bayamón a remover unos menores. Este lamentable incidente habrá sorprendido posiblemente a muchas personas. Sin embargo, habrá que preguntarse cuáles aspectos propician este y otro tipo de incidentes violentos que pueden ocurrir cuando se llevan a cabo remociones de menores por parte del Estado.
Forrester, Westlake y Glynn (2012) presentan que la resistencia de los padres de menores se encuentra en todos los aspectos del área del trabajo social que interviene con la familia y la niñez. Sin embargo, existe poca investigación y trabajo teorico en torno a estos hechos. Estos autores identifican varias razones por las cuales los padres se resisten a la intervención de los trabajadores sociales cuando estos deben investigar en casos de maltrato de menores. Entre estos se encuentran: 1. las estructuras sociales, 2. el contexto en que se lleva a cabo el trabajo de protección de menores, 3. la resistencia de los padres al cambio, 4. la negación o minimización del maltrato y 5. el comportamiento de los trabajadores sociales.
Schreiber, Fuller y Paceley (2013) indican que los funcionarios que trabajan en los organismos de protección de menores en distintos países tienen muchas barreras al momento de involucrar a los padres sospechosos de maltrato de menores en los planes de protección. Esto debido a que dichos padres tienen nociones preconcebidas con respecto a estos organismos de protección incluyendo miedos y enojo cuando estos visitan por primera vez sus hogares.
Por otra parte, muchos padres indican que entender y absorber la información que reciben al comenzar el proceso en donde intervienen los trabajadores sociales es muy difícil. Además indican que reciben poca ayuda terapéutica para ellos y para sus hijos (Ghaffar, Manby y Race, 2011)
De la misma forma que existen aspectos que pueden estar asociados con incidentes violentos entre los funcionarios de los organismos de protección de menores y los padres de estos, existen también actitudes que están vinculados a una relación positiva entre los funcionarios y los padres. Los padres sospechosos de maltrato que son investigados por los organismos de protección de menores se implicaran de forma más positiva con sus funcionarios si estos utilizan estrategias de comunicación positiva y les proveen apoyo emocional o concreto. De la misma forma establecen la necesidad de que los funcionarios que se encargan de la protección de menores tengan mejores condiciones laborales como por ejemplo no tener un excesivo flujo de trabajo y poder acercarse efectivamente a la comunidad donde sirven (Schreiber, Fuller y Paceley, 2013).
Los padres tienen la posibilidad de entender de forma clara las responsabilidades de los trabajadores sociales que trabajan en la protección de menores y pueden identificar cualidades positivas de estos profesionales y de las agencias para la que trabajan. Inclusive los padres y los profesionales suelen converger en sus ideas con el paso del tiempo (Ghaffar, Manby y Race, 2011).
Es indudable que se debe hacer lo posible para evitar incidentes como el ocurrido entre esta empleada del Departamento de la Familia y la mujer que la hirió. Tomar en consideración los estudios e investigaciones que se han presentado pueden ser una forma de prevenir este tipo de situaciones.
Irmaris Cruz Núñez M.A. es psicóloga académica investigativa y estudiante a nivel doctoral. Actualmente realiza su disertación doctoral en el tema de la remoción de menores por parte del Departamento de la Familia.
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/ Comité de Prevención de Violencia – Asociación de Psicología de Puerto Rico
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