Si no es ahora, ¿Cuándo?: prevención de violencia y comunidad

Llevo varios años trabajando con prevención e implementando el Modelo de Prevención Estratégica, promovido por el Centro de Prevención de Abuso de Sustancias (CSAP por sus siglas en inglés). Éste es un modelo que integra la participación comunitaria y promueve el cambio tanto a nivel individual como ambiental. Además, está enmarcado en la sustentabilidad (tanto económica como del esfuerzo a largo plazo) y la competencia cultural (que lo que se haga realmente responda a la población y al contexto donde se implementa).

El Modelo consiste de los siguientes pasos:

  • Estudio de necesidades y recursos: en este paso, a través de la recopilación de datos, se identifican las necesidades y prioridades, los recursos y el apresto (disposición) de la organización, del equipo de trabajo y de la comunidad. Se pueden utilizar diversos métodos: entrevistas a personas clave, grupos focales, encuestas, cuestionarios. Se recomienda la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas.
  • Capacitación: en este paso se capacita a la organización, al equipo de trabajo y a la comunidad para que puedan atender las necesidades y prioridades que se identificaron en el paso 1.
  • Planificación: en este paso se desarrolla un plan estratégico basado en datos científicos así como un modelo lógico (representación visual del proyecto). Además, se seleccionan las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar.
  • Implementación: en este paso se implementa el plan estratégico considerando la adaptación cultural así como las prácticas basadas en evidencia que se seleccionaron según las necesidades y prioridades identificadas en el Paso 1.
  • Evaluación: en este paso se evalúa la implementación que se hizo en el paso anterior. No obstante, la evaluación es algo que se hace durante todos los pasos del Modelo ya que es importante identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o cambiarse.

Cada paso, aunque aparentemente sencillo, requiere que se lleve a cabo de manera concertada y con la inclusión de las personas afectadas / impactadas por el problema que se trata de prevenir. Por ejemplo, si este modelo fuera a implantarse para prevenir alguna manifestación de la violencia es importante que se incluyan las voces de las personas que de alguna manera viven y “conocen” cotidianamente dicha manifestación, que se incluyan diversos sectores sociales que tengan la voluntad de aunar esfuerzos en esta prevención, que haya una participación real a través de todos los pasos del Modelo y que el proceso sea guiado por datos epidemiológicos para evitar “dar palos a ciegas” y no dejarse llevar por el “yo creo que esto funciona” o por el “a mí me dijeron que esto funcionaba”.

Recordemos que la violencia es un fenómeno complejo con múltiples manifestaciones. Por lo mismo, esta complejidad debe ser considerada al momento de recoger los datos para identificar las necesidades y las prioridades con las que se vayan a trabajar al igual que cuando se seleccionen las prácticas basadas en evidencia que se van a implementar. Es importante que estas prácticas sean adaptadas culturalmente ya que cada comunidad tiene sus particularidades y puede ser que lo que en el escenario A sea un “éxito” simplemente no funcione en el B.

A mi entender, este Modelo puede utilizarse para prevenir la violencia en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de implementarlo para prevenir el consumo de alcohol en menores y la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios además de que la comunidad se apoderó del proceso e implementó estrategias para promover el desarrollo saludable de la juventud.

Yo creo que no hay que esperar a que surja el problema para entonces prevenirlo. Por lo tanto, creo que la violencia es prevenible y que es hora de utilizar modelos que funcionan en vez de utilizar aquellos que ven la punición como la única alternativa.

 

 

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La doctora Yesenia Delgado Castillo es psicóloga social comunitaria con experiencia en la implementación del Modelo de Prevención Estratégica y en procesos comunitarios.

 

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UnknownComité de Prevención de Violencia – Asociación de Psicología de Puerto Rico

La trata humana: Una forma de violencia estructural e individual

La trata humana es una forma extrema de violencia que violenta los derechos humanos básicos de autonomía, agencia y poder. Esta modalidad de explotación es diversa, compleja e interseccional lo que supone un reto para investigar, prevenir y perseguir. Según el Protocolo de Palermo la trata o tráfico de personas es la captación, el transporte, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios par obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Esa explotación incluye como mínimo, la explotación de prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 
La trata humana es un fenómeno de alcance mundial que constituye uno de los tres mercados ilícitos de mayor ingreso junto con el narcotráfico y tráfico de armas. Se considera una violación a los derechos humanos debido a que se recurre al abuso de poder para obligar, ya sea por medio de amenazas o engaño, a las personas a llevar a cabo tareas de carácter explotativo que denigran su libertad, salud física y mental. Según la literatura la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de este tipo de crimen son personas vulnerables debido condiciones como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, historial de abuso físico, sexual, emocional o de sustancias, pertenencia a gangas, el deambulismo, el estatus migratorio, la falta de redes de apoyo (Ribando Seelke, 2011). De acuerdo a estadísticas existen alrededor de 12.3 millones, aunque hay diferentes fuentes con diversos números, de víctimas a nivel mundial; las mujeres y niñas conforman el 56% mientras que los hombres y niños el 44% (Hepburn y Simon, 2010). Se sabe que la pobreza es un fuerte predictor para llegar a ser víctima de la trata humana pero por otro lado también se encuentran la corrupción gubernamental y el sistema económico neoliberal propician que se pueda sostener esta práctica.

 
También en la literatura se han identificado factores de empuje (push factors) tales como la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad política y factores de halar (pull factors) como la demanda de trabajadores, la facilidad de acceso, el costo del viaje para describir y comprender este complejo fenómeno de violencia extrema (Jac-Kucharski, 2012). Es importante atender esta problemática desde un nivel local, regional e internacional a través de alianzas entre sectores públicos y privados. Por un lado es importante la prevención a través de la educación en las comunidades a través de talleres y campañas mediáticas, la modificación de prácticas culturales y la transformación de un sistema económico que ha permitido que el cuerpo se convierta en una mercancía, un objeto. Por otro lado es importante la investigación para describir y comprender esta problemática compleja, interseccional y diversa que nos afecta a todos y todas de manera implícita y explícita.

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Irene Lafarga Previdi

irene.lafarga@gmail.com

Estudiante graduada de psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico con interés en la investigación e intervención sobre temas diversos como la trata humana, la alfabetización de adultos, y asuntos de género y sexualidad.

 

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Comité de Interacción Ciudadana Policía de Puerto Rico y su rol en la Prevención de la Violencia

¿Nacemos con la predisposición de ser violentos o aprendemos conductas violentas? Estas interrogantes se han presentado en la historia de las culturas para poder investigar y explicar la manifestación de la violencia. Existen diferentes marcos teóricos que buscan conceptualizar su significado y cómo prevenir que ésta se manifieste directa o indirectamente entre nosotros/as.

En Puerto Rico, las noticias constantes de actos violentos asociados al trasiego de drogas, violencia de género, maltrato de menores, abusos contra personas de edad avanzada o actos de violencia hacia las personas con discapacidad no son la excepción. Son varios los gobiernos que públicamente hablan de estrategias policíacas y/o jurídicas para trabajar con este problema social. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno, mediante los componentes de seguridad, (Policía de Puerto Rico) es quien violenta los derechos de los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer cuándo la agencia encargada de velar por nuestra seguridad y protección falla en sus funciones y atenta contra nuestros Derechos Civiles?

En el 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una investigación por alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la uniformada de la Policía de Puerto Rico (PPR). El 5 de septiembre del 2011 termina la investigación con un Informe de Hallazgos, entre ellos: Uso excesivo de fuerza, Conducta dirigida a suprimir el ejercicio de Libertad de Expresión; Registros y Allanamientos sin justificación. A raíz de este informe la Policía de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron esfuerzos en colaboración para lograr una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Como parte de los requerimientos que establece la Reforma surge el Comité de Interacción Ciudadana.

Los comités están distribuidos en las 13 áreas policíacas y un comité a nivel central (Cuartel General). Cada comité cuenta con la representación de diferentes sectores de la comunidad:

Campo de Salud Mental, Víctimas del Crimen, Comunidades Extranjeras Residentes en Puerto Rico, Comerciantes, Representantes de la Juventud, Sector Docente Educativo, LGBTTIQ, Base de Fe, Comunidad en General, Personas con Discapacidad y Personas de la Tercera Edad.

Desde el momento en que supe de la selección de personas para el desarrollo del Comité entendí que era una gran oportunidad de marcar la diferencia. Ser parte del proceso de reformar los procedimientos de la policía para garantizar su capacitación, profesionalismo y competencia nos permite determinar si su efecto es positivo y responde al bienestar de nuestra sociedad. Nuestra misión es facilitar la comunicación y la cooperación entre los líderes comunitarios y la PPR. De esta forma buscamos promover la colaboración en la solución de problemas, prevención del crimen, crear confianza y respeto mutuo y trabajar en conjunto con la ciudadanía. Buscamos crear alianzas con otros grupos, asociaciones y/o Comités cuyo objetivo sea promover estrategias que permitan fomentar una cultura de paz, armonía y comunicación efectiva entre todos los componentes sociales.

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Elitzia J. De Jesus Torres
Portavoz Comité Interacción Ciudadana

Area Fajardo

 

 

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¿Y ahora qué? Qué hacer ante una sospecha o conocimiento de un evento de abuso sexual

 

 

Muchos de los problemas que nos aquejan socialmente se hacen visibles cuando son reseñados en la prensa de nuestro país. Cada vez más son los casos de abuso sexual infantil reportados y, a su vez, presentados en los distintos medios de comunicación. Estos niños son parte de un núcleo familiar, de una comunidad escolar y de un sistema responsable de velar por su seguridad y bienestar físico, psicológico y emocional. Cuando ocurre un evento de esta índole, todo a su alrededor parece colapsar.

La identificación temprana es una de las mejores herramientas para intervenir a tiempo en estos casos. Es importante prestar atención a los indicadores físicos, emocionales y conductuales que presente el/la menor. Estos pueden ser, pero no se limitan a: curiosidad excesiva por el sexo, conocimiento excesivo sobre la sexualidad y no adecuada para su etapa de desarrollo, aislamiento social, conductas sexualizadas con compañeros de su clase, miedo, tristeza, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas físicos o médicos como enfermedades de transmisión sexual, infecciones recurrentes, dolor al caminar, entre otros. Cabe señalar que algunos de los indicadores por sí solos no son concluyente de un abuso sexual pero permite estar alerta y tomar acción ante estas conductas poco esperadas. Ante esto, una recomendación a evaluación médica es pertinente para auscultar el área física. Es menester hacer la aclaración que el abuso puede no haberse dado mediante penetración por lo que también es necesario reconocer los cambios emocionales y conductuales.

El abuso sexual en sí, constituye una amenaza a la estabilidad mental, física y emocional de un menor y su impacto se ve reflejado en todos los sistemas en los cuales el niño se desenvuelve y se desarrolla. Muchas veces ante una sospecha o conocimiento de abuso sexual, muchos padres no saben qué hacer o a dónde acudir. La ley 246, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” aprobada el 14 de diciembre de 2011, es clara al establecer que existe una responsabilidad del Estado de asegurarle a ese menor su bienestar y seguridad (Articulo 13). El Estado debe asegurarse que el menor esté protegido ya sea si se tiene conocimiento o se sospecha que un menor está en riesgo de sufrir algún daño. (Ley 246, 2003).   Por tanto, es importante que ante un caso de abuso sexual o sospecha, se lleve a cabo los pasos necesarios para referirilo a las autoridades perinentes, de manera tal que se garantice la seguridad inmediata de ese menor.

Posterior a la querella, no se recomienda que se le bombardee al menor con preguntas sobre el evento durante el proceso investigativo ya que esto pudiera afectar dicho proceso. Documente todo lo que lleve a cabo incluyendo la información de la persona que toma el referido y el número de querella. De igual forma, es importante crear expectativas reales. Esto incluye que tanto la menor como la familia va a estar inmersa en un proceso legal que conlleva tiempo, múltiples entrevistas y la estabilidad familiar y económica se podría ver trastocada, especialmente si el alegado/a agresor/a guarda un vínculo consanguíneo o emocional con la víctima y sus familias. De igual forma, se debe orientar y estar claro que de no llevar a cabo el debido referido podría incurrir en negligencia por parte de los adultos a cargo del menor. Una vez concluida la investigación pericial, es importante comenzar un proceso de ayuda psicológica que permita reestablecer, en la medida que sea posible, la estabilidad emocional del/a menor de modo tal que alcance la resiliencia.

 

Recursos de la Comunidad:

  • Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765- 2285 y línea libre de costo 1-800- 981-5721.
  • PAF: Programa para Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (Universidad Carlos Albizu) San Juan, teléfono (787) 724- 2222, 2227, 2253. Referidos por el Departamento de Familia
  • División de Delitos Sexuales (787) 269-2030, (787) 269-2424
    4117, 4118, 4119, 4876.
  • Emergencias Sociales (787)749-1333

 

Pofoto.jpgr: La Dra. Rebecca M. López Bobbins es psicóloga escolar certificada en abuso sexual. Además es profesora y supervisora de práctica en la Universidad Carlos Albizu y Universidad Interamericana de PR.

Tél. (787)762-6999/ Correo electrónico r.lopezbobonis@gmail.com

 

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